Los costes energéticos de las piscinas son una de las partidas más altas en la gestión y operación de las instalaciones deportivas. Tanto que hasta uno de los principales operadores del sector ha decidido cerrarlas ante los “inasumibles precios”, que se suman a los efectos negativos ya sufridos en pandemia. Pero, ¿es esa la solución?

La dirección de los Centros Supera ha decidido cerrar temporalmente una decena de piscinas de las instalaciones que gestiona, afectando al servicio acuático que ofrece en centros de Cantabria, Pontevedra, Málaga, Madrid, León, Asturias, Almería y Burgos. La razón no es otra que “los inasumibles costes energéticos que hemos debido afrontar en los últimos meses, y que se mantendrán y/o empeorarán en los venideros”, anuncian en sus comunicados, uno por cada centro en el que han tomado esta drástica medida, 12 en total. Supera tiene piscinas climatizadas en 29 de los 30 centros concesionales, para un total de 57 vasos.

Para la cadena, “Supera ha prestado siempre un servicio óptimo. Sin embargo, los efectos negativos de la pandemia, unidos a los desbocados precios energéticos, agravados por los últimos acontecimientos, nos obligan a adoptar esta medida temporal, que consideramos es la más beneficiosa para nuestros clientes. En las próximas semanas se procederá a la devolución de la parte proporcional de los cursos que se estaban impartiendo”.

¿Soluciones y alternativas?

Los centros cerrados son, precisamente, los más ineficientes según afirma la compañía, en el que los consumos eléctricos y de gas no permiten otra opción. Pero también es cierto que en algunos casos se debe a unas instalaciones técnicas obsoletas y de muchos años, que necesitan ser renovadas. La apuesta por nuevos modelos, como la biomasa o acudir a las llamadas empresas de servicios energéticos (ESE), está ahí. También cabe la posibilidad de, como ocurrió en plena pandemia, las gestoras deportivas deban renegociar sus contratos con las empresas de suministro energético, buscando alternativas a los altos precios. Algunas federaciones empresariales, como por ejemplo FNEID, piensan ya en la creación de impulsar una central de compra para lograr precios asumibles. Otras, como la patronal del fitness catalán Adecaff, también ponen encima de la mesa resolver con carácter de urgencia las subvenciones solicitadas para la instalación de placas fotovoltaicas, de manera que se potencie el autoconsumo y se deje de depender tanto del precio de la electricidad que cobran las suministradoras energéticas. Según Adecaff, el sistema de fijación de precios de la energía utiliza el coste más alto de producción, independientemente del coste medio que suponga producirla. Este sistema, además de representar un encarecimiento injusto por parte de las compañías eléctricas, “lleva a muchas sectores a la ruina”, entre ellos el de la gestión de instalaciones deportivas. “Ahora es el gas el que se está encareciendo, pero en un futuro podría ser otra fuente. Se deben separar los costes y cobrar lo que realmente toca”. Se debe tener en cuenta que “un grado equivale a un 7% en consumo de gas”, según el vicepresidente de FNEID Juan Carlos Gómez-Pantoja.

Pero si de una cosa se quejan las empresas gestoras deportivas, a través de sus asociaciones empresariales, es que tras dos años de pandemia y duras restricciones, los costes energéticos se han cuadruplicado, incluso para las personas y sus viviendas, y pese a ello, existe un abandono absoluto por parte de las administraciones. Las ayudas son casi inexistentes. Y de trasfondo, una vez más, está la histórica demanda de la bajada del IVA al sector del 21% actual al 10% para remediar esta situación.

La medida de Supera ha pillado de sorpresa a la mayoría de ayuntamientos y sus servicios deportivos, muchos de los cuales están pidiendo explicaciones a la compañía y miran de realojar los cursos de natación y otras actividades, así como a los respectivos usuarios, en otras instalaciones de gestión municipal o compartida. A la vez, están estudiando jurídicamente la situación por incumplimiento contractual y no dudan en abrir expedientes sancionadores. Reconocen el gran impacto que los costes energéticos puedan tener en las facturas de estos centros deportivos, pero que son un servicio público que, al igual que bibliotecas y otras instalaciones municipales, o que los servicios de autobuses con el alto precio de los combustibles, no pueden dejar de ser prestados a la ciudadanía.