A nadie se le escapa la relevancia que supone el deporte en la sociedad en general, más aún en los tiempos que corren, por lo que desde la propia Constitución Española se insta a la promoción y fomento del Deporte por parte de los poderes públicos. Este alcance tiene su reflejo en las leyes autonómicas del deporte, donde en sus Disposiciones Generales, habitualmente en el artículo 2 o en el 3, se expone el derecho al deporte y su consideración como actividad de interés general. En la misma línea, se pronuncia la reciente Ley 39/2022 del Deporte en su artículo 2 ‘Derecho a la práctica deportiva’.

En el esfuerzo por alcanzar estas premisas se recurre frecuentemente en la administración a la técnica de bonificar parcial o completamente el precio de los servicios deportivos en un cuestionado ejercicio de elasticidad de demanda. Al respecto se suele considerar que, un precio más reducido, conllevará consecuentemente a un mayor alcance de usuarios y a una mayor adherencia de los hábitos de actividad física. Pero, ¿deben realmente ser gratuitos, o de muy bajo precio, los servicios deportivos públicos en cualquier circunstancia?

Indudablemente existe la conceptualización de que la actividad física y el deporte, como elementos esenciales de la salud y del desarrollo de la personalidad, deben ser promocionados para alcanzar un incremento en los hábitos de actividad física de la población. Como palanca para su impulso es frecuentemente utilizada la variable del precio que debe abonar el usuario para recibir estos servicios, llegando incluso a su gratuidad. ¿Es esta una política correcta? A continuación se muestran algunos de sus condicionantes para llegar a una respuesta lo más certera posible.

Un servicio gratuito siempre tiene un coste

¿Si es gratis, quién lo paga? Cuando un usuario deportivo deja de abonar el precio al recibir un servicio deportivo, no lo convierte en cero costes, sino que este coste de producción sigue inalterable, pero lo asume otra u otras personas. En definitiva, un servicio gratis sigue suponiendo un coste para alguien, normalmente para la administración pública que lo sufraga, que a su vez se repercute en los presupuestos de esta administración, suponiendo un coste de oportunidad para otras iniciativas a la par que un agravio para la totalidad de sujetos pasivos que, con sus impuestos, sufragan estos centros de costes.

Si es gratis, ¿a qué otros servicios se renuncian? En el presupuesto de las administraciones públicas, la cifra de cada ejercicio económico se mantiene, en cierto modo, invariable durante todo el año. Es decir, no se puede esperar grandes modificaciones y menos aún que estos sean al alza. Con lo cual se debe realizar un estratégico ejercicio de distribución de este presupuesto en las diferentes acciones, bien sea de actividades recurrentes o bien de nuevas iniciativas que deba llevar a cabo la administración pública.

Efectivamente, si el deporte es gratis supone que, paralelamente a la aplicación directa de los costes que repercuten en este presupuesto, se ha decidido que no haya ingresos. Al respecto, obviamente, hay una diferente perspectiva en función de que se trate un servicio de deportes integrados en el ayuntamiento o un patronato de deportes con personalidad jurídica propia, ya que los primeros no se benefician necesariamente de los ingresos y del nivel de autofinanciación alcanzado en pos de la generación de nuevos servicios o mejoras de los ya existentes.

En esta línea, los poderes públicos deberían promover que la generación de ingresos por servicios deportivos suponga un incremento en las posibilidades de financiación de estas actividades y servicios, lo cual no podría producirse en el caso de su gratuidad.

En quién recae el coste o la subvención

¿Es lo mismo correr en la calle que en una cinta de fitness de una sala con aire acondicionado, vestuarios limpios, ducha con agua caliente y otras comodidades? Esa es una de las cuestiones que motiva el pago de los servicios. Es decir, a nadie se le prohíbe la realización de la actividad física y cualquier ciudadano puede practicarla en los múltiples caminos, senderos, parques o avenidas de su localidad. Ahora bien, si lo que el usuario desea es recibir un servicio de calidad, con personal, que a su vez esté titulado y cualificado, y se le dispense un trato personal, en la medida de lo posible, cordial, formal, educado y exquisito, es lógico suponer que deba asumir el coste como precio a la alternativa de realizar actividad física por libre. Todo ello sin olvidar que, dentro de las competencias de las administraciones, más aún en las locales, se encuentra el fomento del deporte y deba realizarse adaptaciones sobre el precio para el logro o consecución de este objetivo. Resulta perentorio plantearse en qué casos y en qué proporción el coste debe recaer en el usuario final o en la totalidad de la población, sin caer en la fácil e injustificada opción de reducir el precio a todos por igual.

Otro escenario a plantear es aquel en el que una administración pública planifique realizar una nueva iniciativa, como por ejemplo un campus en periodo estival o una carrera popular. Si está todo el presupuesto del ejercicio comprometido ¿con qué recursos económicos se podrían contar? En este caso concreto sí que debe ser de obligado cumplimiento la búsqueda de financiación externa, ya que el presupuesto público debe darse por agotado de manera que, o bien recaerá sobre el usuario, siempre que esté contemplado en la ordenanza de precios públicos, o en un tercero que lo financie, como ejemplo los patrocinadores, si no se quiere que la totalidad del coste la asuma el usuario, aunque son habituales soluciones intermedias.

¿Habría que dar una subvención al coste para un colectivo en general o para personas en particular según su situación económica? Otra solución practicada desde los servicios deportivos es bonificar a todo un colectivo sin entrar en el detalle de las circunstancias personales de cada uno, como por ejemplo para el colectivo de jubilados. Sin embargo, cuando se analiza con detalle, se descubre que hay personas o familias no integradas en esos colectivos y que presentan más necesidad o menos recursos económicos que aquellos que, de manera genérica, se han englobado en el colectivo a beneficiar. De esta manera se desprenden grandes diferencias en el poder adquisitivo de unos y otros, y no en pocos casos puntuales, y a menudo se observa que existe un gran porcentaje de esta población que no tiene ningún tipo de necesidad económica o que no están en vulnerabilidad económica. Sería del todo acertado afinar más la puntería en el destino de los precios bonificados, aunque supusiera un trámite más largo y tedioso, por ser más justo y coherente.

Repercusión en los usuarios

Otras preguntas relevantes son: ¿el precio se torna como una barrera significativa para hacer deporte? ¿es la única barrera o es acaso la más importante? En definitiva, ¿si se bajan los precios, se consiguen más usuarios? Observando un ejemplo del sector del transporte, en septiembre de 2022 se estableció la gratuidad o bonificación parcial de varios medios públicos de transporte. Tras la medida, y según concluyó un estudio sobre transportes públicos y privados en Madrid realizado por el Centro de Políticas Económicas de Esade, “no se observa ninguna reducción estadísticamente significativa del uso del vehículo privado desde la aplicación de esta medida”. De manera que la minoración del precio del transporte público no redujo el número de coches que circulan por las vías y no significó una buena solución. En cambio, el mismo estudio proponía, además de políticas de tarifas progresivas o subsidios para grupos de bajos ingresos, el impulso de mecanismos adicionales de incentivos como las frecuencias de paso o el incremento de paradas.

Paralelamente, ¿no debería el gestor deportivo esforzarse en otras medidas de acercamiento de la actividad física a la población como pudieran ser grandes campañas de comunicación, concienciación e información, o mejora del servicio, en lugar de limitarse a bonificar el precio? Quizás debería realizarse un estudio parecido en el sector del deporte y analizar la elasticidad de demanda. No en vano, y como ya es prácticamente sabido en nuestro sector, una pequeña subida en el precio no va a significar una disminución en número de usuarios, sino que, por el contrario, va a suponer una mayor valoración del servicio, bien porque este aumento de precio redunda en la mejora y en la calidad del servicio o bien porque, como señala la célebre cita, ‘lo que no se paga no se valora’.

Así, no es difícil detectar a usuarios que no acuden a los servicios deportivos porque, al no haberle supuesto un esfuerzo económico, no se sienten comprometidos con la actividad. Paralelamente, se observa que si el precio se minora demasiado o llega a su gratuidad lo ocuparán personas que no están muy interesadas y dejaran sin plazas a otras muchas más interesadas o necesitadas de ese servicio. Efectivamente un bajo precio es un gran reclamo, pero con el perjuicio de que atrae a personas que no están interesadas en el servicio y están ocupando una plaza, sin llegar a personarse en esa actividad que puede ser ocupada por otras personas que sí que están realmente interesadas o necesitadas de ese servicio. Como ejemplo reciente, la gratuidad de los bonos de los trenes de media distancia entre Cádiz y Sevilla, según la medida del Gobierno comentada anteriormente, sí que ha servido para que los usuarios habituales disfruten de la excepción del coste, pero ha supuesto que todas las plazas estuvieran reservadas y cubiertas mientras los trenes circulaban con una gran cantidad de asientos vacíos. Se trataba esta de una línea frecuentemente colmada de viajeros, muchos de los cuáles han sufrido no poder obtener butaca por el lleno absoluto de reservas, aunque la realidad es que estas reservas no fueran ocupadas. Dicho de otra manera, los usuarios que consiguieron butaca sí se beneficiaron del descuento y el resto no pudo hacer uso del medio de transporte ni aun pagando su precio original. Una medida que se llevó a cabo para paliar la situación fue anunciar la retirada del abono a aquellos usuarios que no hicieran uso efectivo de su reserva, lo cual supuso una drástica bajada de las incidencias. No han sido infrecuentes casos muy parecidos observados en nuestro sector.

Lo anterior es realmente relevante en aquellos servicios deportivos con una reducida oferta que no tenga cabida más que para un número restringido de personas.

Conclusión

A modo de resumen se presentan las siguientes conclusiones:

• Todo servicio tiene un coste.
• El coste que no paga el usuario, lo paga el resto.
• La reducción del precio a todos beneficia a los que podrían pagar un precio más alto.
• El servicio gratuito no siempre contribuye a la mejora, crecimiento e inversión de ese servicio.
• Solo se valora (o se valora más) lo que se paga.
• La participación activa es sinónimo de identificación con el servicio.
• Conviene tener en cuenta la racionalización del uso y modulación de la demanda.
• El coste evita la competencia desleal.
• El coste de un servicio propicia salarios dignos.
• Subvenciones sí, pero por circunstancias individuales.

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