El año 2022 cerrará con un doble impacto para las piscinas de uso público. Un doble impacto contradictorio. Por un lado, las altas temperaturas de este verano y la relajación de las medidas contra la covid-19 han permitido que aumente el uso de las piscinas, sobre todo las municipales recreativas y de ocio estivales. De esta forma, y según aportaba la patronal del sector de las piscinas Asofap, “este verano se ha vuelto a constatarse el valor social de las piscinas municipales, que han vuelto a ser espacios relacionales y de diversión, además de para refrescarse, para millones de ciudadanos de nuestro país”. Este hecho se puede ejemplificar en cuatro zonas de España, bien distintas entre ellas por número de instalaciones con piscinas, población y ubicación geográfica.

Como primer ejemplo, solo en la Comunidad de Madrid más de 2 millones de personas usaron las piscinas municipales este verano y, en muchas de ellas, se llegó al 90% del aforo máximo, especialmente en el fin de semana. Los usuarios están muy diversificados, si bien predomina el familiar por el porcentaje de entradas vendidas: el 48% de las entradas adquiridas fueron de adultos, el 19% por jóvenes, el 17% por mayores, un 8% es infantil y el 8% restante, de menores de 5 años. En la ciudad de Sevilla, como segundo ejemplo, tanto el buen tiempo como las últimas inversiones realizadas por el Instituto Municipal de Deportes en sus instalaciones acuáticas, entre ellas la nueva cubierta de la piscina de Torreblanca, se han visto reflejadas con un aumento de los usuarios en verano. Así, la campaña de verano que el consistorio organiza durante los meses de julio y agosto en sus piscinas municipales se ha saldado con 38.424 participantes, 5.000 más que el pasado año. Esta cifra incluye a los usuarios de baño recreativo, baño social para menores en situación de vulnerabilidad y campus deportivos para facilitar la conciliación familiar en las instalaciones municipales.

Como tercer ejemplo, la Concejalía de Deportes de Huesca ha dado también a conocer su balance de verano: aumentan un 27,6% los usos respecto al pasado año, alcanzando los 102.340 accesos totales a las instalaciones municipales (880.170 usos en 2021). Esta temporada, el mes con mayor afluencia ha sido julio, con un total de 48.407 usos, mientras que en agosto ha habido 30.161 y en junio 22.505. Por último, en los pocos días de septiembre abiertos se han registrado 1.272 accesos. El Complejo Deportivo Municipal San Jorge es el más solicitado. Por último, las piscinas públicas municipales de Zaragoza (21 en total) han cerrado la temporada de verano 2022 con la segunda mejor cifra de la última década, solo superada por la de 2018. Han alcanzado los 926.321 usos, un 20,6% más que el año anterior. En cuanto a instalaciones, el Centro Deportivo Municipal La Granja ha sido el que ha registrado más visitas, llegando a los 102.446.

Los datos de estas cuatro zonas ilustran una realidad global en nuestro país. Por ello, desde Asofap quieren destacar dos cuestiones: “El valor social que las piscinas generan para todas las generaciones. Y el buen trabajo realizado por los profesionales encargados del mantenimiento y gestión de las piscinas”.

La crisis energética: avisados desde primeros de año

Este impacto positivo de las piscinas de verano de uso público contrasta con el segundo, cuya realidad es más preocupante, pues afecta tanto a las instalaciones al aire libre como, y sobre todo, a las piscinas climatizadas: la crisis energética. En un contexto macroeconómico y estratégico mundial marcado por el crecimiento sostenido de la demanda energética a raíz de la salida de la pandemia, la invasión de Rusia en Ucrania y el consecuente conflicto bélico y sus consecuencias, el aumento del coste de las materias primas y la subida de la inflación en casi todos los países, incluido España, los precios de los suministros se han disparado de forma espectacular, afectando tanto a consumidores particulares como a empresas y administraciones, sin que las instalaciones deportivas con piscinas se hayan quedado al margen, sino todo lo contrario.

El problema, agudizado en este último trimestre de 2022, ya fue avisado a principios de año por algunas empresas gestoras de piscinas y asociaciones que las agrupan. En marzo de 2022 la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) reclamaba a la administración la toma de medidas inmediatas ante la subida de los precios del gas y la electricidad que se estaban dando por entonces, visibilizando el impacto que estaba suponiendo para los operadores del sector, “que han llegado a triplicar su gasto en estas partidas, algo insostenible para un sector que se ha visto seriamente dañado por las consecuencias de la pandemia”, explicaba su gerente Alberto García Chápuli. “El gasto en estos suministros está suponiendo de media el 30% del presupuesto de muchos centros, un coste solo superado por el gasto en personal y que ya ha superado incluso la partida destinada al alquiler de instalaciones. Las consecuencias de la subida del precio del gas y la electricidad están siendo devastadoras para el sector. Esta subida de los costes está llevando a que numerosos centros se planteen cerrar sus piscinas, dado el cuantioso gasto de gas que supone mantener el agua caliente, así como a no abrir en determinados periodos de menor afluencia de usuarios”, vaticinaban desde FNEID.

Y así fue. La acción más llamativa fue la del grupo Supera, que cerró temporalmente una veintena de piscinas climatizadas de hasta 10 centros deportivos para reducir los costes energéticos. “Cerramos los centros más ineficientes desde el punto de vista energético, algunos de los cuales tienen calderas antiguas. Los consumos actuales multiplican en un 1.000%, en algunos casos, a los que había en 2019 y en un 300% a los de 2021. No nos queda otra que cerrar estos espacios, pese a ser los primeros interesados en abrir”, comunicaban desde la cadena en el mes de marzo. Las piscinas fueron paulatinamente abriendo desde junio, cuando los costes fueron “más asumibles”, informaron desde la compañía.

Actuaciones gubernamentales

La realidad, no obstante, es que los precios de los suministros energéticos siguen disparados (ver Figuras 1 y 2) y no parece que ni las últimas actuaciones del Gobierno de España puedan remediar la situación. Entre estas, destacan la rebaja del IVA del gas natural desde el 21% al 5%, la reforma de la tarifa eléctrica regulada (PVPC) con el objeto de reducir su volatilidad o, la última medida, el Plan Más Seguridad Energética (+SE), que contiene 73 medidas que incluyen campañas de concienciación social, apoyo fiscal para particulares y empresas, fomento y agilización de las energías renovables y refuerzo de la capacidad industrial del país. Es decir, si bien se centra en aportar mayor seguridad para la energía del conjunto de la sociedad española, algunas de sus propuestas se adecuan a las industrias y a las empresas con grandes consumos energéticos, entre ellas las instalaciones deportivas con piscinas.

En general, para reforzar la autonomía estratégica y energética, el Plan +SE apuesta por impulsar transición energética, sustituyendo gas natural y otros combustibles fósiles por energías renovables, como eje clave en respuesta a la crisis actual. La Comisión Europea y algunos países plantean la posibilidad de renunciar a determinados estándares ambientales y de calidad del aire permitiendo de forma temporal la sustitución de gas natural por combustibles más contaminantes. Para un país como España, este planteamiento presenta serios inconvenientes. Puede suponer un mayor desgaste de las instalaciones industriales o de generación eléctrica, un incremento de emisiones, y requerir nuevas inversiones para adaptar los procesos con el riesgo de convertirse en ‘activos varados’ al ser incompatibles con los objetivos a medio plazo tanto del país como de las empresas. Por contra, España cuenta con un enorme potencial de recurso renovable y capacidad tecnológica e industrial en este ámbito, lo cual aconseja acelerar la sustitución por renovables como medida decisiva para la reducción de la dependencia energética exterior y asegurar la continuidad de la actividad industrial.

El Plan, por ejemplo, incluye varias medidas de ahorro y eficiencia energética para el sector público, que se resumen a continuación:

– Medida 1. Ahorro energético en edificios públicos. El 25 de mayo se aprobó el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal. Se propone reforzar este plan de choque y extenderlo al resto de administraciones públicas. En Conferencia Sectorial de Energía del pasado 23 de septiembre las comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se comprometieron a impulsar este tipo de actuaciones. En el Anexo A del Plan se incluye un listado de posibles actuaciones a realizar, que pueden incluir, la adecuada gestión energética de los espacios e infraestructuras públicas, la monitorización y reporte de las medidas adoptadas y su visibilidad para el conjunto de la ciudadanía. Ahora, se impulsarán medidas, especialmente, en edificios e infraestructuras de elevada afluencia de usuarios, dado su mayor potencial de impacto y sensibilización. Antes del próximo 1 de diciembre, las comunidades autónomas y la ciudades autónomas publicarán y remitirán al Miteco sus planes de ahorro energético, despliegue de autoconsumo e incorporación de cláusulas de ahorro energético en la contratación pública. Por su parte, la FEMP promoverá este tipo de actuaciones entre las entidades locales, que podrán presentar sus planes, medidas y ahorros en una plataforma habilitada por el Miteco.

– Medida 2. Despliegue acelerado de autoconsumo en instalaciones y edificios públicos. Las instalaciones de autoconsumo permiten incrementar en el muy corto plazo la generación renovable, reduciendo con ello la factura energética y la dependencia exterior. Las medidas normativas y de gestión llevadas a cabo desde el 2018 han supuesto un importante impulso para el autoconsumo, multiplicándose de forma exponencial el despliegue de este tipo de instalaciones en los últimos años. A esta adopción por parte de hogares y empresas es necesario añadir la apuesta de la administración pública, poniendo cubiertas, tejados y espacios públicos, incluyendo pérgolas en los aparcamientos al aire libre, a disposición de la generación renovable, a la vez que se generan ahorros en consumo energético en las partidas públicas. Por ello, se establece un plazo de 3 meses para que el conjunto de administraciones elabore un plan de despliegue de autoconsumo que incluya:

• Un inventario de cubiertas y espacios públicos con potencial para instalación de autoconsumo.
• El potencial de autoconsumo a instalar por cada administración pública que deberá estar instalado o licitado al finalizar el primer trimestre de 2023 e instalado durante el ejercicio 2023. Para ello, se podrá
• utilizar el mecanismo de contratación acelerado previsto en el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto.
• El potencial de autoconsumo a instalar a 5 años vista y la planificación realizada para lograrlo.

Esta planificación podrá incluir actuaciones de inversión propia, aprovechamiento de los fondos disponibles en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contratos desarrollados mediante el modelo de servicios energéticos, o cesión de espacios a terceros o sociedad civil para que desarrollen dichos proyectos.

– Medida 3. Contratos de rendimiento energético y cláusulas de ahorro en las administraciones públicas. Se plantea un paquete de medidas que permita aprovechar la elevada capacidad de impacto de la administración pública en sus propias infraestructuras y en el sector privado a través de su capacidad de contratación Por una parte, los contratos de rendimiento energético introducen una forma indirecta de financiación, a través de las empresas de servicios energéticos (ESE), para aquellos proyectos que lleven asociado un ahorro energético, y, por lo tanto, un ahorro de costes. Estos contratos evitan la necesidad de realizar una inversión inicial, permitiendo la financiación de las inversiones en eficiencia energética mediante los ahorros que generan dichas inversiones. Adicionalmente, las administraciones públicas, así como los operadores de infraestructuras, establecerán criterios de ahorro energético en los contratos, concesiones o autorizaciones que lleven a cabo. Se establecerá un sistema de difusión y coordinación entre los departamentos ministeriales, así como con las comunidades autónomas y entidades locales, que tendrán habilitadas la opción de compartir sus indicadores para poder realizar estudios y comparativas entre los distintos edificios de las administraciones públicas. El Ministerio de Hacienda y Función Pública coordinará el establecimiento de criterios, la suscripción, en su caso, de acuerdos marco y el seguimiento de esta medida.

El Plan +SE también incluye medidas de ahorro y eficiencia energética para el sector terciario, en el que se incluye el deportivo, de entretenimiento y ocio, que se resumen a continuación:

– Medida 1. Campaña de señalización y puesta en valor del ahorro energético. En la crisis del covid-19, el sector terciario mostró una elevada capacidad de adaptación, con la implantación ágil de medidas de organización, ventilación o limpieza que permitieron recuperar la actividad económica en máximas condiciones de seguridad. Además, la adecuada señalización de estas medidas permitió no solo posicionar al sector como seguro y responsable, sino también contribuir a la concienciación y difusión entre clientes, plantilla y visitantes de buenas prácticas ligadas a la prevención de la extensión del virus. De forma análoga, el sector terciario presenta un elevado potencial para el ahorro energético en sus instalaciones y la sensibilización de los usuarios y colaboradores. Además, una parte importante del sector ya ha venido adoptando medidas, impulsado por la responsabilidad, la gestión eficiente y el posicionamiento ante el mercado nacional e internacional. Con el objeto de reforzar el posicionamiento y la implicación del sector, se plantea un plan de acción conjunto, con una imagen gráfica común, en que el sector pueda poner en valor las medidas de eficiencia energética y ahorro que estén implantando. En este contexto, se incluirá la relevancia de la normativa ya vigente (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, Código Técnico de la Edificación, auditorías energéticas, etc.) en el ahorro energético y los programas de ayuda existentes. Por otra parte, dado el reparto competencial, es imprescindible la implicación de las comunidades autónomas para asegurar la adecuada llegada de esta campaña a cada uno de los sectores.

– Medida 2. Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes del sector terciario (PREE Terciario). Enmarcado en las actuaciones de impulso en el sector terciario, el Gobierno activa un nuevo programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes del sector terciario (PREE Terciario), con el objeto de incentivar la realización de actuaciones en eficiencia energética y energías renovables en edificios del sector terciario de titularidad privada, mediante las siguientes tipologías de actuación:

• Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
• Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.
• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
• Sustitución de aparatos de refrigeración con función de venta directa y armarios de conservación refrigerados profesionales, por otros de alta eficiencia energética con etiquetado energético.
• Mejoras en la eficiencia energética de las instalaciones frigoríficas.
• Sistemas de automatización y control.
• Mejora de la eficiencia energética de la climatización de los centros de proceso de datos.
• El programa, que dispondrá de un presupuesto de 100 M€, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, será gestionado por las comunidades autónomas, y coordinado por el IDAE.

– Medida 3. Kit Verde. A través del ICO, se impulsará un programa de financiación de actuaciones de energías renovables y de eficiencia energética en las pymes. Movilizará inversión privada y generará ahorros que redundarán en la competitividad de las empresas, en el ahorro energético y en la generación de actividad y empleo.

La realidad de las piscinas públicas

Si bien el Plan +SE expone también otras medidas transversales de ahorro y eficiencia energética, la implementación de estas propuestas, sobre todo si están expuestas a financiación administrativa, pueden tardar algo más de lo que el sector de las piscinas puede esperar. Y es que la situación de las piscinas públicas es, a día de hoy, insostenible. Y da igual que el gestor u operador sea público, concesional o privado, pues el precio de los suministros afecta a todos y los costes se han disparado por igual en su conjunto. Los propios protagonistas cuentan para Piscinas Hoy su realidad.

La Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y Recreativas (Acedyr) agrupa a 63 clubes sociodeportivos, representando en su conjunto una lámina de agua exterior de 50.500 m2 y una lámina de agua climatizada de 43.000 m2, sumando en su conjunto unas 120 piscinas desde 50 y 25 m hasta vasos de chapoteos o áreas termales. Su gerente coordinador, Ricardo Ruiz Gerente, confirma que la subida de los costes energéticos en las instalaciones deportivas de estos clubes, y sobre todo en sus zona de piscinas, “está suponiendo una segunda ‘pandemia’ a nivel económico, con subidas en las tarifas energéticas en torno a un 130% de media hasta agosto de 2022, añadiendo a esto la subida del IPC en la compra de todos los suministros para piscinas. La desviación en presupuestos en algunos clubes esta cercana al 200%, sin haber terminado el año”.

En el caso de Llop Gestió, empresa de gestión de instalaciones y actividades deportivas muy arraigada en Cataluña y con una treintena de contratos deportivos, uno de sus fundadores, Albert Vinyes, describe así la realidad en su modelo de negocio de instalaciones con piscinas: “Gestionamos en régimen de concesión 6 complejos deportivos municipales con una media de 2 vasos y de 800 m3 de agua. Dos de ellos cuentan con producción térmica mediante biomasa. Los otros cuatro, con gas. Todos ellos disponen de climatización mediante deshumidificadora. Así mismo, gestionamos en régimen de contrato de servicios 12 complejos deportivos con parecidas características, dos de los cuales disponen de biomasa. En su conjunto, el coste de los suministros se ha multiplicado por 3 durante este presente año. Las instalaciones con biomasa están aguantando mejor. Si los precios no bajan considerablemente, la viabilidad de muchos complejos deportivos municipales es dudosa”.

También centrada en la gestión de instalaciones deportivas y prestación de servicios, Grupo Deporocio-Campusport es una compañía afincada en Cádiz que gestiona las siguientes instalaciones con piscinas bajo su marca Okeymas: Puerto de Santa María y Sanlúcar, ambas instalaciones con dos vasos de piscina de 25 x 12,5 m, calentamiento de agua con biomasa y climatizadora-deshumectadora; Andújar y Pilas, ambas instalaciones con un vaso de 25 x 12,5 m, calentamiento con biomasa y climatizadora-deshumectadora; y Ciutadella (Barcelona), con un vaso de 25 x 12,5 m, calentamiento con gas y climatizadora-deshumectadora. Para su gerente, José María Aguilar-Amat Fernández, “en todos los centros se ha incrementado el gasto de suministros 3 veces respecto al mismo periodo de 2019”.

Y aquellos que creen que la gestión municipal, por estar amparada bajo el paraguas de los ayuntamientos, no está exenta de este problema, se equivocan, si bien hay administraciones que actúan mejor que otras. En el caso de Gijón, el Patronato Deportivo Municipal (PDM) gestiona 6 piscinas municipales con una edad media de casi 22 años, con 10 vasos en total, que van desde dos vasos con 1.000 m³ conjuntos en la Piscina El Llano ‘Luis Alvargonzález’ a la piscina de la Camocha con 267 m³. “Todas ellas, es decir, un volumen de 3.229 m3, se calientan con gas natural. Cinco piscinas cuentan con apoyo de paneles solares térmicos y tres de ellas tienen manta térmica, que permite apagar toda la climatización durante la noche”, apunta Salvador Gómez Casanovas, encargado general del PDM, quien añade: “El Ayuntamiento de Gijón tiene un contrato adjudicado de gestión energética con una duración de 15 años y un importe de 200 millones de €. Por tanto, contamos con unas condiciones teóricas de cierto control sobre el coste de la energía, especialmente en instalaciones de gran consumo, como son las piscinas o el alumbrado público”.

Medidas técnicas y de gestión

Para contrarrestar este problema energético en las instalaciones con piscinas, la mayoría de gestores deportivos aúnan soluciones técnicas y de gestión. Para Ricardo Ruiz, de Acedyr, “este problema está pasando de ser coyuntural a poder convertirse en estructural en poco tiempo, lo cual obliga a las entidades a preparar planes de contingencia de corto, medio y largo plazo con medidas que abarquen todo ese rango temporal. En nuestro caso, los clubes de Acedyr ya están tomando medidas, algunas de las cuales son: disminución de temperaturas de piscinas, suelo radiante, climatización, etc.; refuerzo del aislamiento y cierre de puertas; apagado de luces y climatización; sustitución de halógenos por led; disminuir la dependencia de gas y luz, tendiendo al autoconsumo, mediante la instalación de paneles fotovoltaicos, placas solares hibridas, biomasa, geotermia o aerotermia; mejora de las calderas y climatizadoras; instalación de equipos o aplicaciones de estabilización de tensión evitando los picos y perdidas de energía; negociación de tarifas con las comercializadoras energéticas; compras de energía en conjunto (central de compras); y repercutir la subida de costes de forma eventual en las cuotas a socios y abonados”.

En las instalaciones que gestiona de Llop Gestió también se están llevando a cabo varias medidas. “Ingeniamos protocolos para ahorrar energía, como pueden ser comunicaciones a los usuarios de consciencia de uso razonable, modificar temperaturas consignas ajustándolas lo mínimo para no recibir un alud de quejas, concentrar actividades dirigidas para no climatizar todas las horas de apertura, etc.”, apunta Albert Vinyes. “Pero el problema no se resuelve reduciendo un 5 o un 10% el consumo. Ya hace años que gestionamos las instalaciones minimizando su consumo, pero realmente para reducir drásticamente el consumo y coste solo se puede hacer con grandes inversiones. Estas las debe hacer la administración pública, ya que la titularidad del edificio es suya, las reglas de juego (pliegos y contratos) han cambiado drásticamente de condiciones, y muchos operadores tienen contratos cortos, con los que no se podrían amortizar las inversiones”.

Las medidas para contrarrestar los altos costes energéticos también se deben analizar con lupa, puesto que pueden acarrear otros problemas no tenidos en cuenta. José María Aguilar-Amat, de Deporocio-Campusport, apunta alguno de ellos derivado de esta situación: “En nuestro centro de Sanlúcar hemos invertido en fotovoltaicas y aún no tenemos datos de ahorro. El resto de instalaciones hemos bajado consignas, pero sin llegar a hacer que el cliente esté inconfortable, ya que perjudica claramente la comercialización. Estamos abriendo ventanas al exterior para poder apagar a determinadas horas la deshumectadora y bajar el consumo eléctrico. En detrimento, tenemos un aumento de la oxidación de zonas sensibles y, como contrapartida a este pequeño ahorro, tenemos un aumento de los costes de mantenimiento y limpieza”.

En el caso de Gijón, “en paralelo al contrato antes mencionado, se están aplicando medidas de ahorro por parte del personal, especialmente en el ámbito de su influencia, como por ejemplo en la renovación del agua de baño, manteniendo, eso sí, los parámetros sanitarios. A las piscinas le afectan varios factores, como calentar el agua fría, el ambiente exterior y otros que no están bajo nuestro control. Por ello, llega un momento en que si quieres ahorrar, se debe invertir”, apunta Salvador Gómez. El encargado general del PDM de Gijón reitera, precisamente, el valor de las inversiones para hacer frente al problema. “Pensamos que la única medida realmente viable es realizar inversiones eficaces con financiación a medio y a largo plazo. El Ayuntamiento de Gijón ha realizado recientemente una inversión en la piscina de mayor tamaño, El Llano, mejorando la filtración, ¡ese tema tan olvidado! (ver Figura 3), las bombas, los variadores y las válvulas de alta eficiencia, que nos esta facilitando un ahorro de más de 38.000 € anuales y con un tiempo de retorno, en nuestro caso, de dos años”. Con estos resultados, Salvador Gómez lo tiene claro: “El camino pasa por realizar inversiones para dimensionar correctamente el caudal de filtración y la hidráulica, sustituir el medio de filtración y pasarse a medios filtrantes eficientes, instalar variadores de 3 velocidades, apostar por válvulas fiables y eficientes y la instalación de mantas térmicas, además de una buena automatización y control. Todo ello nos permitirá disponer de información fiable de los consumos y, por lo tanto, tomar decisiones las decisiones acertadas”.

Otro ayuntamiento que ha tenido claro cómo actuar ante esta crisis es el de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, el cual ha anunciado la puesta en marcha de la primera fase del plan de medidas de ahorro y sostenibilidad energética en instalaciones deportivas, que afectan sobre todo a dos de ellas: Viña Fitness y Dehesa Boyal, de titularidad municipal y gestión por parte de Aossa Sport. El objetivo es ahorrar más de 300.000 euros al año y, lo que es más importante, permitir que, en gran medida, el servicio deportivo se siga desarrollando con normalidad y con un nivel de confort óptimo. Desde el ayuntamiento confirman que, a pesar de los trabajos e inversiones realizados para obtener la máxima eficiencia energética en centros deportivos y en otros edificios municipales, “la situación en los últimos meses se está volviendo insostenible, los costes energéticos se están cuadriplicando con respecto a los costes del año pasado y tanto el servicio de deportes como las concesionarias llevan medio año haciendo un esfuerzo tremendo para que el servicio no se vea afectado. Para nosotros este servicio es imprescindible, pero no sabemos hasta donde llegará este constante aumento de la factura de los consumos”, en palabras de su concejal de Deportes, Ángel Buenache.

El consumo energético de los centros deportivos de ‘Sanse’ está llegando a cifras récord. La factura de gastos energéticos (gas, electricidad y agua) de Viña Fitness del año 2021 ascendió a 258.529,71 euros, y la previsión en el cierre de este año es de 636.120,66 euros. Un incremento de 377.590,95 euros, un 146% más. Más preocupante es la situación de Polideportivo Municipal de Dehesa Boyal, una instalación con consumos energéticos (gas, electricidad y agua) y una factura que va a verse aumentada en 2.146.995 euros, un 358% más que el pasado año, pasando de una facturación 832.373 en 2021, a una previsión de cierre de año de 2.979.368 euros. Ante estos números, el plan detalla varias medidas de sostenibilidad y ahorro. La primera es el ajuste de las temperaturas de consigna de los vasos de piscina según usos (polivalentes y deportivos a 26 ºC; de enseñanza, de chapoteo y de recreo a 29 ºC; de hidromasaje a 29 ºC; y terapéuticos a 28 ºC). Se estima una reducción de pérdidas de 350.744 kWh al año, con el rendimiento estacional de calderas y un precio del TTF Winter 22 de 247 euro/MWh, lo que supondría un ahorro que rondaría los 163.334,18 euros al año. En términos de horario, se ajusta la apertura y cierre de piscinas, considerando la mejor afluencia de usuarios También se ajustará el horario del servicio de spa en Dehesa Boyal, mientras que Viña Fitness se alternará el servicio de sauna y baño turco. Esta actuación estima un ahorro de 42.650 kWh térmicos y 12.414,17 kWh eléctricos de forma anual, lo que supondría un ahorro de 14.605 euros anuales aproximadamente. Así mismo, se ajustan las temperaturas del aire en las naves de piscinas, minimizando las fugas y corrientes en los pasillos.En Dehesa Boyal, en lo relativo a la temperatura ambiente, se activará el funcionamiento de una sola enfriadora, alternándolas semanalmente y priorizando la que mejor rendimiento tenga en semanas con mayor carga (aunque sean iguales, siempre una suele tener mejor rendimiento). Las temperaturas serán de 27 ºC en verano y 21 ºC en invierno en zonas de recepción, oficinas, pasillos que necesiten climatización. Y la temperatura de 25 ºC en salas deportivas. En materia de agua sanitaria, la temperatura de las duchas se ajustará un grado en verano (35 ºC) y medio grado en invierno (36 ºC). En los grifos, se desconectará el agua caliente.

En todas las instalaciones se procederá al cambio y limpieza de filtros climatizadores y elementos terminales (cambio de filtros con una periodicidad máxima trimestral). En todas las instalaciones se procederá a maximizar el aprovechamiento de luz natural, en zonas deportivas, ajustando los horarios de encendido. Apagar iluminación de zonas técnicas que no tengan uso, y aplicar el uso de luces led y detectores de presencia. Realizando el ajuste solo en zonas técnicas, se estiman unos ahorros de 8.230 euros anuales, si además estas zonas pasan a led, el ahorro pasaría a 14.685 euros anuales. También se prevé la instalación de mantas térmicas en los vasos de compensación, con especial incidencia en las zonas con posibles pérdidas. Se estima una reducción de pérdidas de 14,638,81 kWh al año, con el rendimiento estacional de calderas y un precio del TTF Winter 22 de 247 euros/MWh, el ahorro sería aproximadamente de unos 6.822,24 euros al año.

Y, finalmente, en materia de depuración y eficiencia, se realiza el pagado de la depuración con ultravioletas, siempre que se cumplan los niveles normativos higiénico-sanitarios (supondrá un ahorro de 12.264 euros anuales) y se reduce el número de bombas simultáneas de cada vaso, y reducir horarios, siempre que se mantengan las condiciones higiénico-sanitarias-normativas. Se estiman unos ahorros de 231.210,8 kWh, que a los precios actuales incluyendo el MAG suponen unos 75.800 euros de ahorro anuales en Dehesa Boyal y de 11.000 euros en el vaso deportivo de Viña Fitness.

Con este plan de sostenibilidad energética, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes pretende establecer un análisis objetivo de la situación, y tomar conciencia de que con pequeñas medidas que no afectan gravemente al confort de los usuarios, se puede amortiguar el impacto del excesivo gasto energético, contribuir con la sostenibilidad ambiental y económica, y mantener los servicios deportivos en activo. Y es que, con una medida tan básica como ajustar un grado centígrado la temperatura, siempre dentro de los umbrales más elevados en cuanto a confort, que exige la normativa exigida por el Real Decreto de 80/1998, de 14 de mayo, que regula las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas climatizadas en la Comunidad de Madrid, se puede obtener un ahorro anual de más de 150.000 euros.

Finalmente, Grupo BeOne Serviocio es otro de los que ha reforzado su compromiso con la eficiencia energética y sostenibilidad en sus instalaciones. Los centros deportivos de esta empresa, 38 en el conjunto de España, consumieron el pasado 2021 7.194.829 kW/h de energía eléctrica renovable. Esto implica el 100% de su consumo eléctrico y ha supuesto evitar la emisión de 3.295.232 kilogramos de CO₂ y otros gases contaminantes, contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono. En septiembre de 2022, el Grupo BeOne anunció la instalación de 3.141 módulos fotovoltaicos en 16 de sus centros deportivos para producir 2,1 millones de kWh/ año. Con esta medida, los 16 centros van a ahorrar un 40% del total de energía eléctrica que consumen anualmente. Este ahorro también se traducirá en una importante reducción de las emisiones de efecto invernadero. Concretamente, se reducirán en 8.305.838 kg de CO2 cada año.

BeOne Serviocio lleva años aplicando diferentes medidas sostenibles dentro de su política verde. Además del consumo energético que proviene de energías renovables, en sus centros deportivos se reciclan la gran mayoría de materiales, se utilizan las aguas de lluvia para riego y cisternas, cuentan con grifos y duchas con reductores de caudal, muchas de sus piscinas ya disponen de desinfección por luz ultravioleta para reducir el uso de productos químicos, también con recuperadores de calor en las climatizadoras o válvulas termostáticas para las duchas. Además, sus centros funcionan con iluminación led temporizada y detectores de presencia de infrarrojos en diferentes espacios para el ahorro de energía. El objetivo del grupo gallego a medio plazo es llevar la instalación de placas fotovoltaicas a todos sus centros deportivos y llegar, en todos sus procesos, al consumo 100% de energías renovables y continuar aplicando nuevas medidas que les permitan ser aún más sostenibles.

¿Ayudas de la administración?

Por tanto, más allá de las medidas que cada instalación afronta, el sector de la piscina también cree que deberían adoptarse por parte de la administración otros estímulos o ayudas. Desde Acedyr, por ejemplo, con una idiosincrasia muy particular al ser entidades sin ánimo de lucro (clubes privados con más de 1.500 socios cada uno) y, por lo tanto, sin poder deducirse el IVA como gasto directo, apuntan las siguientes: “Medidas fiscales como la reducción coyuntural del IVA no deducible para las entidades sin animo de lucro, reducción coyuntural del IVA destinado a inversiones de eficiencia o ahorro energético, reducción de impuestos o tasas municipales como por ejemplo el IBI, y todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que están sustentando mucho del deporte base español y gran parte de la actividad física de la población deberían tener algún tipo de tratamiento fiscal favorecido”. Su gerente, Ricardo Ruiz, añade también otras medidas financieras coyunturales, como “las medidas que funcionaron con la pandemia: créditos blandos, ICOS y ERTE extraordinarios en los que la empresa no pague la seguridad social, y la ampliación de los plazos de carencia de los ICOS concedidos por motivo de la pandemia, a punto de concluir”, así como otras soluciones de carácter político, como “medidas políticas, un plan de contingencia serio y estructurado a nivel nacional y el fin de la guerra y de las tensiones energéticas”.

Llop Gestió también apunta ayudas para equipos técnicos, como “las inversiones para sustituir la dependencia del combustible fósil (gas) por biomasa o aerotermia. Son inversiones que pueden rondar entre 200.000 € y 500.000 € dependiendo del tamaño del edificio. Inasumibles para empresas privadas que gestionan complejos deportivos ‘normales’”. Como prestadores de servicios, desde Deporocio-Campusport son de la misma opinión. “Al ser un servicio de interés público, y al haber cambiado tanto el tablero de juego a nivel de gastos respecto al momento donde se desarrolló el plan de negocio para estimar la viabilidad económica de los proyectos, creemos que las administraciones deberían soportar el incremento que estamos asumiendo, ya sea con bajadas impositivas que nos permitan tener más ingresos, ya sea a través de ayudas a la gestión”, explica José María Aguilar-Amat.

Un futuro poco alentador

La crisis energética aboca a un futuro desalentador para las instalaciones deportivas con piscina si no se actúa ya. Para Ricardo Ruiz, gerente de Acedyr, “el futuro de las instalaciones deportivas de medio y gran tamaño, con piscina de uso público y gestión privada, tiene en estas condiciones de precios de la energía y subida de costes por el IPC un recorrido muy corto en el tiempo. Es inasumible por la cuenta de resultados actual el mantener el ritmo de subida de precios, mas allá de las medidas que están en la mano de cada club o sin subir de forma muy notable las cuotas de socios o actividades. Medida esta que abocaría a una bajada de socios notable y a acrecentar aún más el problema. Sin ayuda de las instituciones o sin solucionar el conflicto mundial, de continuar esta situación más allá de 2022, habría un rosario de cierres de instalaciones y clubes, ya sea de forma parcial o de forma definitiva”.

Albert Vinyes, de Llop Gestió, tampoco augura un futuro muy prometedor. “Aunque nunca me gusta ser pesimista, la verdad es que no pinta nada bien. Probablemente muchas piscinas cubiertas cerrarán, como ya está pasando en Francia. Venimos de pasar dos años de pandemia y postpandemia que todavía no han permitido recuperar el número de socios y abonados del año 2019. Solo salvaremos las piscinas cubiertas si las administraciones públicas hacen frente a inversiones, pero inmediatamente. Sabemos que tienen voluntad de ayudar, pero la lentitud de las administraciones provocará algunos cierres”.

El papel de la administración es, en el caso de los operadores mixtos, imprescindible. José María Aguilar-Amat, gerente de Deporocio, vislumbra un futuro “con muchísima incertidumbre y preocupación. Actualmente estamos soportando la continuidad de los servicios de zonas de agua con los recursos que estamos obteniendo de créditos externos, debido a la falta de diligencia y empatía con la que nos encontramos con muchas administraciones, pero la situación se está volviendo insostenible, poniendo en riesgo no solo la economía de la empresa sino muchos puestos de trabajo”.

En cambio, desde el punto de vista de un gestor directo, como el PDM del Ayuntamiento de Gijón, la inversión es la clave. “Aunque por desgracia creo que en este tema se llega tarde, la inversión es el modelo a seguir. En los momentos de bonanza económica, se deberían haber tomado medidas eficientes, realzando inversiones para hacer las piscinas más sostenibles. Y si el coste energético siempre fue un pequeño lastre, ahora puede ser una soga definitiva. La única salida es realizar actuaciones urgentes con objetivos de inversión contrastados y un cambio de cultura, empezando por los usuarios en cuanto al concepto de confort. La temperatura se mide, pero el frío o el calor es una sensación. En definitiva, las piscinas que no sean sostenibles, no tendrán futuro”, concluye Salvador Gómez.

Conclusión

Asofap, en su estudio sobre el parque de piscinas de uso público en España, con fecha de 2017, estimaba que en nuestro país existen unas 121.000 piscinas no unifamiliares, divididas en dos categorías: unas 90.000 entre piscinas de comunidades de propietarios y alojamientos rurales; y otras 31.000 piscinas de instalaciones deportivas, parques acuáticos, centros wellness y balnearios, establecimientos hoteleros y campings. En su conjunto, este volumen de piscinas tiene actualmente una media superior a los 20 años desde su construcción inicial, dato que refleja una potencial necesidad de renovación y mejora, si bien este hecho se ha visto fuertemente paralizado en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia de la covid-19, priorizando la recuperación económica y social de las instalaciones y clubes.

Tras el esfuerzo que ha supuesto a muchas instalaciones deportivas con piscinas haber logrado recuperar prácticamente las mismas cifras de socios u abonados que tenían antes de la pandemia, estas se están enfrentando a otro reto de gran calibre: los costes energéticos. Desde que comenzó la guerra de Ucrania, las subidas del precio del gas y de la electricidad en España están generando un gran impacto energético y la gestión de los centros deportivos está viendo afectada su sostenibilidad. La mayoría de ellos necesitan de una nueva estrategia para optimizar los recursos, así como inversiones para potenciar la eficiencia y el ahorro energético, si bien no todas las entidades disponen de suficiente capacidad para invertir. De ahí la petición de ayudas a la administración, ya sea en forma de medidas económicas y fiscales específicas para el sector deporte o políticas a nivel internacional, sin olvidarse de las propias soluciones que cada organización debe aportar, sea una piscina de gestión pública, mixta o privada.

Porque lo que de verdad no puede permitirse el sector es el cierre de unas instalaciones, las piscinas de uso público, con tan alto valor social e imprescindibles para fomentar una sociedad más activa y saludable.